This legal discipline addresses and solves the various problems arising from the availability, quality, organization, accessibility and sharing of geospatial information necessary for the correct development and implementation of European Union policies and their legal applications.

1What is Geospatial Law.

Spatial Law regulates transversally the collection, harmonization and organization of the dissemination and use of geospatial information held by public authorities or held by natural or legal persons, in a framework of technical and legal interoperability, in order to locate, transform, visualize and download data spatial, as well as access to data spatial and services of e-commerce, oriented to the implementation of Community policies and actions that may affect the geographic space.

The European origin of Geospatial Law is limited to the European Union policy for the environment, with the clear goal to achieve a high level of protection, precisely because of the diversity of situations existing in the Member States of the Union.

In Spain and in other regions of the planet, such as the United States or Canada, geospatial information is already used in numerous applications, which include policies and areas broader than the environment. There is a growing awareness of the cross-cutting applications of data and geospatial services. One need only think, for example, of the numerous small screen devices and map-based resources or thematic and derived cartography, hosted not only on local computer systems, but also the "digital cloud", thanks to the growing impact of cloudcomputing.

2.Main features.

a.Cross-regulation.
The main characteristic of geoinformation is its transversality, embedded in multiple applications, services and policies to which it supports and guarantees. In this way, the data and geospatial services provide the necessary infrastructure and solutions for issues as innumerable as the territory to which they may refer is vast.

b. Collection, harmonization and organization.
The "data spatial ", understood as any data that, directly or indirectly, make reference letter to a specific location or geographical area (art. 3.2 Directive 2007/2/EC, INSPIRE), require special technical and technological means for its collection, interoperable harmonization and massive organization. For this reason, based on their precision and rigor, there is an increasing legal basis for proposing such data or services as reliable elements in conference room of the Courts, both in the argumentation and in the phase of test.

Recently, the precise systems of geospatial information generation determine high conditions of legal security and test that make them worthy of their optimal application in administrative procedures and judicial processes, as well as in countless extrajudicial legal areas.

Así se ha reconocido en España desde la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, que traspone la Directiva 2007/2/CE: "el desarrollo de las infraestructuras de información geográfica requiere ajustarse a protocolos y especificaciones normalizadas, de manera que las actuaciones llevadas a cabo por cualquier agente se integren en un ámbito más extenso, tanto temático como territorial, con pleno reconocimiento ante terceros interesados y con efectos jurídicos y técnicos de conformidad con la normativa aplicable" (Exposición de Motivos).

c.Difusión y utilización de información geoespacial.
La Ley Geoespacial española ha terminado, a nuestro juicio, con el argumento de la "inseguridad" de la información geoespacial facilitada y de la falta de "valor probatorio" de la coincidencia entre la representación gráfica y la realidad física representada. Es más, con decisión y firmeza legislativa, esta Ley ha abogado por el pleno reconocimiento de la información geoespacial ante cualquier interlocutor sea técnico o bien sea jurídico, implicando desde abogados hasta Registradores y Notarios.

En particular, la nueva regulación se posiciona ante los diversos problemas jurídicos, tales como su posible falta de reconocimiento, y tecnológicos, como la carencia de cierta precisión o coincidencia, en clave de solución, y propone "tomar medidas que atiendan al intercambio, puesta en común, acceso y utilización de datos geográficos y de  servicios de información geográfica interoperables, medidas que conciernen a los diferentes niveles de la autoridad pública y a los diferentes sectores", incluyendo los privados.

Como antecedente, se llega a la Ley 14/2010 desde una situación real y práctica de numerosas dificultades para acceder a información espacial de calidad en poder de las administraciones públicas competentes. La novedad es que tanto la Directiva 2007/2/CE como la vigente Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, han considerado que los problemas relativos a la disponibilidad, calidad, organización, accesibilidad y puesta en común de información geográfica son comunes a un gran número de políticas y de temáticas, y se hacen sentir en los diferentes niveles de la autoridad pública. Así, ambas normas han asumido que el modo de resolver estos problemas pasa por adoptar medidas que atiendan al intercambio efectivo, puesta en común, acceso y utilización de datos geográficos y de servicios interoperables de información geográfica.

De esta forma para los agentes jurídicos, particularmente los Abogados que intervenimos en el tráfico civil y mercantil, cobra un interés enorme poder acceder a dicha información, pues es bien conocido que una imagen vale más que mil palabras. En este caso, la imagen no sería sólo una ortofotografía, sino también un mapa o diversa cartografía temática, como la catastral, que incorpora una interesante dimensión temporal.

Incluso "una imagen cuesta menos que mil palabras", pues facilita y contribuye a la resolución de cuantos problemas tengan relación con el espacio terrestre, incluido el subsuelo (por ejemplo, respecto de canalizaciones de gas o servidumbres subterráneas de paso de energía eléctrica), y con frecuencia también el vuelo (como en el caso de servidumbres aeronáuticas, contaminación atmosférica o mapas de ruido).

A los abogados nos interesa conocer que "los servicios de información geográfica tendrán en cuenta los requisitos de los usuarios y serán de fácil uso, a través de Internet o de cualquier otro servicio de telecomunicaciones, y estarán condicionados al cumplimiento por los interesados de los requerimientos técnicos que permitan la interoperabilidad de sus sistemas con las infraestructuras de información geográfica de las Administraciones Públicas" (art. 11.2 Ley 14/2010).

d.Detentada por autoridades públicas o en poder de personas físicas o jurídicas.
La Ley Geoespacial ha superado las divergencias entre sector público y privado, aunando posturas y creando un entorno colaborativo. En consecuencia, los efectos jurídicos y técnicos de la geoinformación posibilitan el adecuado entendimiento entre los agentes jurídicos y los operadores técnicos, con la relevancia que ello puede llegar a tener en la tramitación de expedientes tanto judiciales como extrajudiciales.

En beneficio de las aplicaciones geográficas y del Derecho Geoespacial, y a la postre en interés de los ciudadanos, la Ley 14/2010 sostiene la importancia de "que sea posible localizar los datos espaciales disponibles, evaluar su adecuación para un determinado propósito y conocer sus condiciones de uso, así como sus efectos jurídicos y técnicos de conformidad con el Ordenamiento vigente".

En la práctica, este nuevo principio comporta que un Abogado u otro agente jurídico podrán emplear la cartografía oficial válidamente publicada para los fines jurídicos que estimen oportunos, con su consiguiente valor añadido. Así, un mapa u otro dato espacial, como por ejemplo cualquier accidente geográfico tomado como lindero de una parcela, podrá ser contrastado, representado y facilitado incluso ante la Administración de Justicia o cualesquiera otras para contribuir a esclarecer los hechos a los que aplicar el Derecho.

e.Marco de interoperabilidad técnica y jurídica.
La Ley Geoespacial ha encontrado recientes aplicaciones prácticas en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, al contemplar con mayor detalle que la Directiva que traspone la "Interoperabilidad de servicios de información geográfica" (art. 3.1.g) Ley 14/2010). Configura dicha interoperabilidad como la "capacidad, que proporcionan servicios y procedimientos especializados, de combinar conjuntos de datos geográficos y de facilitar la interacción de los servicios de información geográfica, sin intervención manual repetitiva, de forma que el resultado sea coherente y se aumente el valor añadido de los datos geográficos y servicios de información geográfica".

Es decir, la clave de la geoinformación es precisamente su virtualidad de ser combinada, enlazada y compartida, asegurando siempre su coherencia, su integridad y su creciente valor añadido al poder compatibilizarse con diversas aplicaciones tanto técnica como también jurídicas.

f.Fin: localizar, transformar, visualizar y descargar datos espaciales, y acceso a datos espaciales y servicios de comercio electrónico.
El acceso a la geoinformación, reciente y además histórica, pretende el máximo nivel de calidad y de puesta en común tanto entre Administraciones Públicas como en beneficio del sector privado y concretamente de los agentes jurídicos, incluidos los Abogados, Registradores y Notarios.

(SEE TABLE)

The operative spirit that floods the Geospatial Law is confirmed in the legal mandate addressed to the competent Administrations for the creation, management, maintenance and distribution of the geographic data and geographic information services, ensuring the creation of metadata (description of the data) for these services and for the geographic data related to them, so that, through this network, users are provided with access to geographic information services (art. 11.1 Law 14/2010).

g. Implementation of community policies and actions in the geographic space.
The European Union, through the Infrastructure for Spatial Information in Europe (Inspire), aims to contribute to the adoption of measures relating to policies and actions with a direct or indirect impact on the environment, a scope that in Spain has been legally extended to any public policy, such as fiscal and cadastral policies, urban planning, management of natural risks, special properties (water, hydrocarbons, etc.), supplies (electricity, gas, electricity, gas, etc.), and the use of geospatial information services (art. 11.1 Law 14/2010).), supplies (electricity, gas, etc.) and distributed services and telecommunications.

As a recent example in Spain, the Resolution of March 23, 2011, of the General Administration of the Cadastre, approves the access criteria, formats of submission, and conditions of the licence-subject for the access to the service of massive download of data and cartography, through the electronic headquarters of the Cadastre.

3Conclusions.

The added value of Geospatial Law in the legal internship , both judicial and extrajudicial, is growing since Law 14/2010. Likewise, the modifications introduced by the Law 2/2011, of March 4, of Sustainable Economics , will determine that diverse thematic cartography, as the cadastral cartography, will be at the disposal of the citizens and the companies, as well as of the Administrations and public entities that require information on the territory or on concrete real estate, preferably through a map server managed by the Geoportal of the General Administration of the State and, in particular, of the General Administration of the Cadastre and of the services that to such effect are established in the electronic headquarters of the competent Public Administrations. In this sense, by means of official Resolutions the formats, conditions of access and supply will be determined, as well as the remaining characteristics necessary for the provision of the above mentioned services.

4Legislation.

a.Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the committee, of 14 March 2007, establishing an infrastructure for spatial information in the European Community (Inspire).

b.Law 7/1986, of 24 January, on the Regulation of Cartography.

c.Law 14/2010, of 5 July, on geographic information infrastructures and services in Spain.

d.Royal Decree 1545/2007, of November 23, on the National Cartographic System.

e.Order FOM/956/2008, of March 31, approving the policy for public dissemination of geographic information generated by the General Administration of the National Geographic high school .

f.Royal Legislative Decree 1/2004, of March 5. Law of the Real Estate Cadastre.

g.Royal Decree 417/2006, of April 7, Develops the revised text of the Law of the Real Estate Cadastre, C by Royal Legislative Decree 1/2004.

h.Resolution of March 23, 2011, of the General Administration of the Cadastre, by which the criteria of access, formats of submission, and conditions of the licence-subject are approved for the access to the service of massive download of data and cartography, through the electronic headquarters of the Cadastre

5.Applications for Lawyers:

(SEE TABLE)