En 1997 envié una carta al entonces presidente del Gobierno de España, D. José María Aznar. Junto a ella iba un libro que recogía las recomendaciones necesarias para reformar el sistema de pensiones.

En 1997 envié una carta al entonces presidente del Gobierno de España, D. José María Aznar. Junto a ella iba un libro que recogía las recomendaciones necesarias para reformar el sistema de pensiones.

En ese momento, le indicaba que se creara un fondo para capitalizar el sistema con dotaciones de un 1,0765% del PIB cada año durante los próximos 50 años; que se separaran claramente el aspecto contributivo del de solidaridad, que debía ser con cargo a los presupuestos generales del Estado; que se introdujera la edad de jubilación flexible con el único requisito de que la pensión fuera superior a la pensión mínima; que se crearan cuentas individuales para que las personas conocieran el valor actual de sus aportaciones; que se dotaran con capital los compromisos adquiridos para respaldar las pensiones con inversiones reales y otras modificaciones más.

Debo reconocer que algunas de las recomendaciones se introdujeron dentro de los acuerdos del Pacto de Toledo y el camino para estabilizar técnicamente el sistema estaba claro. Evidentemente, la reforma actual es en la dirección contraria a dichas propuestas.

Uno de los temas más importantes de esta reforma consiste en obligar a retrasar la edad de jubilación para disminuir considerablemente el costo total de las pensiones que el Estado va a pagar. Si una persona se jubila dos años más tarde, cobrará dos años menos de pensión y eso es mucho dinero.

Dado que el dinero que aportan las personas no existe, ya que se gasta en pagar, se pretende reducir el costo total de las pensiones que deben cobrar las personas. De esta manera se busca un equilibrio reduciendo los derechos de los pensionistas.

Esto, que ya es muy grave, se traducirá en que las personas mayores deberán permanecer trabajando hasta los 67 años, y aún así, perderán dos años de pensión. Con estas medidas, además se está renunciando a dar entrada a la gente joven al mercado laboral, ya que los mayores se aferrarán a sus puestos de trabajo con uñas y dientes, porque lo único que tienen para la vejez es una pensión que ofrece el Estado y que ni siquiera tiene respaldada con activos.

Es sólo una promesa, sin contrato alguno y sin activos que la respalden. Mañana podrían decir que el sistema es insolvente y reducir nuevamente los derechos de los pensionistas, pero es lo único que tienen muchas personas para sobrevivir en la vejez.

España es una gran nación, diversa y rica, pero poco fértil, cualquier sistema de reparto está destinado a la ruina y a dejar, tarde o temprano, a toda una generación sin cobrar sus pensiones, a menos que se capitalice el sistema. El valor presente del déficit estructural del sistema de pensiones debe capitalizarse.

Éste se calcula tomando el valor presente de todas las pensiones que se deben pagar menos las cotizaciones que se recaudarán y el fondo de reserva para las pensiones. Las modificaciones que se aprueban van en la dirección equivocada, se vuelve atrás en un principio vital para cualquier sociedad, es necesario dejar de utilizar el sistema de pensiones para expropiar la pensión de las personas más trabajadoras del país.

Todas las personas debieran recibir de su sistema de pensiones al menos la pensión que iguala el valor de todas las aportaciones con el valor de todas las prestaciones que recibirá.

Recordemos que los trabajadores, especialmente aquellos que más años han trabajado, son los que más impuestos han pagado, por lo que el sistema de pensiones debe ser transparente y equitativo con ellos. Por otro lado, aquellas personas que al calcular su pensión no lleguen al mínimo de la pensión del Estado, no se les debe permitir jubilarse hasta que cumplan la edad de jubilación legal, pero aquellos que deseen jubilarse antes y que ya hayan contribuido suficiente, debe permitírseles.

En 2011, le digo al actual presidente del Gobierno de España, D. José Luis Rodríguez Zapatero, que otorgue más libertad a las personas para decidir su edad de jubilación. Que la gente se jubile cuando quiera, siempre que no sea una carga para los demás. Bastaría incluir una simple fórmula actuarial que nos indica cuál es el nivel de la pensión que iguala las aportaciones de la persona con el valor presente actuarial de las pensiones que va a recibir. Siempre que dicha pensión fuera superior a la pensión mínima que garantiza el Estado, se le debe permitir jubilar.

Con esto, muchas personas que al final de su vida laboral quieren jubilarse y que han contribuido lo suficiente, podrían hacerlo. De esta manera, ellas estarían mejor, pero es que muchos jóvenes entrarían al mercado laboral con muchas ganas de trabajar mejorando la productividad de las empresas y la competitividad de España.

También le diría que siguiese capitalizando las pensiones hasta alcanzar un fondo de unos 600.000 millones de euros, que es de justicia que las personas tengan respaldo en sus años de vejez. Pero es que ese fondo, además, sería un fondo de capital que podría dinamizar las inversiones en el tejido productivo y crear nuevas empresas que mejorarían el empleo. Finalmente, le diría que fuese valiente y que ahorrase en menos burocracia, menos duplicidad de funciones y más productividad.

Hemos vuelto a presenciar el miedo que los gobernantes tienen a la libertad individual, uno de los más preciados tesoros del ser humano. Sabemos que con una sencilla fórmula actuarial se puede definir la pensión, ¿por qué no se utiliza para que cada uno se jubile cuando pueda y quiera? Qué necesidad hay de organizar la vida de las personas y decirles en qué deben creer, cuándo deben trabajar o jubilar, qué espectáculos deben ver, qué vicios deben tener y cómo deben pensar.

Dejemos a la iniciativa de las personas actuar, demos libertad y dejemos trabajar en paz, que fruto de esa iniciativa individual se logran los mejores frutos y mejoran las personas.